Bochorno judicial: Estuvo 8 años presos por un crimen que no cometió

El video se viralizó. Un muchacho flaco, con la mirada totalmente perdida -vaya uno a saber bajo los efectos de qué- sentado y esposado en una húmeda y descascarada comisaría. A su lado, un policía que lo inducía a admitir un asesinato. El desgarbado detenido que aceptaba todo lo que el uniformado le decía que hizo. Y se corregía cuando el agente le reprendía por la inexactitud de la declaración. En momento alguno el escuálido reo siquiera entendió de qué se trataba el interrogatorio. Absolutamente inverosímil, inadmisible en juzgado alguno. Sin embargo fue el primer escalón para uno de los papelones judiciales y de la fuerza del orden que raya lo ridículo.

El bochorno de policías, investigadores, fiscales y jueces derivó en que un sangriento y atroz homicidio quede impune. Y que una persona declarada inocente pasara ocho años preso. Lo metieron en una celda y tiraron la llave. ¡Que se pudra en prisión!, total… ¿a quién le puede importar la vida de un pobre de un barrio periférico? Además, con sus antecedentes era el prospecto preciso para cerrar un caso que conmocionó a Corrientes sin importar si, realmente, era el asesino.

Maximiliano Aquino tenía 21 años y era un estudiante de Agronomía. Vino de su terruño natal, San Roque, a forjarse un futuro relacionado a lo que tanto amaba: el campo. En la madrugada del 1 de agosto de 2015, a las 6 de la mañana, regresaba de una peña en el club Regatas y a pocas cuadras, cerca de Poncho Verde, fue interceptado en un intento de robo. Lo mataron a puñaladas. El asesino y su cómplice huyeron en motocicleta. El joven universitario se desangró en la calle y la tardanza de la asistencia médica hizo que no pudiera sobrevivir al brutal ataque.

Había que encontrar un culpable. Y rápido. Fue así que Juan José Andrés «Josele» Altamirano pasó de esa raquítica silla de la comisaría al banquillo de los acusados en un estrado judicial. Todo el procedimiento, tanto el policial como el implementado por la Justicia, fue patético y estuvo plagado de irregularidades. Sin embargo, poco importó: el Tribunal Oral Penal (TOP) Nº2 de Corrientes lo condenó a 22 años de prisión. Lo consideraron como el autor del asesinato a puñadas de Aquino. Irónicamente, lo desligaron del supuesto intento de robo de un celular, que jamás se constató.

El por entonces defensor de Altamirano, Hermindo González, apeló la decisión y llevó la causa hasta la misma Corte Suprema. Años después, el máximo órgano de la Justicia de la Nación, en septiembre de 2023, declaró nula la sentencia que condenó a «Josele», quien recuperó su libertad, y le ordenó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes que emita un nuevo dictamen «acorde a derecho».

Y en esta última semana se conoció el veredicto del STJ: absolvió de culpa y cargo a «Josele». Así, se cerró un expediente vergonzoso para la Policía y la Justicia correntina. Mientras tanto, el asesinato del estudiante quedó impune y «Maxi» aún no descansa en paz.