Estafa en Neuquén: acusan a dos médicos de cobrarle a una obra social por falsas cirugías infantiles
La denuncia fue hecha por el Sindicato de Petroleros Privados. Estiman que los profesionales se quedaron con más de $20 millones por cirugías que nunca realizaron
La Justicia de la provincia de Neuquén investiga a dos médicos -un traumatólogo infantil y un anestesista- por haber llevado adelante una millonaria estafa: según la acusación, los profesionales le facturaron a una obra social cirugías a niños afiliados que nunca realizaron y por las que habrían obtenido ganancias por más de 20 millones de pesos.
La investigación, a cargo de la fiscal Valeria Panozzo, comenzó a partir de una denuncia hecha por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, luego de detectar irregularidades en la facturación a su obra social (OSPEPRI) de intervenciones traumatológicas pediátricas ocurridas entre enero y junio de 2024.
Plantearon que “el sindicato, sus afiliados, la obra social y la mutual se han visto defraudados económicamente por pagos indebidos hacia el profesional que fraguó intervenciones quirúrgicas no realizadas hacia afiliados que sólo atendió en consultorio o incluso en hospitales”. De acuerdo con la denuncia, el médico sindicado es un traumatólogo infantil y en todas las supuestas intervenciones estuvo acompañado por el mismo médico anestesista.
Según comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Neuquén, el Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial, bajo la directiva de la fiscal Panozzo, llevó adelante tres allanamientos en la capital.
Los procedimientos comenzaron por la mañana de ayer en una clínica privada y en dos domicilios particulares de los profesionales médicos. Fueron autorizados por el juez de Garantías Marco Lupica Cristo y -según precisaron- el objetivo del MPF fue secuestrar historias clínicas, computadoras y teléfonos celulares.
“Asimismo, los testimonios de los afiliados señalaron que asistieron a consultorios con sus hijos e hijas, y que nunca ingresaron a quirófanos. El perjuicio económico, de acuerdo a la información provisoria presentada en la denuncia, rondaría los $20 millones. El objetivo de los allanamientos es recolectar información y analizarla, para luego determinar los próximos pasos en el contexto de la investigación”, explicó el MPF.
La denuncia presentada por los abogados Marcelo Hertzriquen Velazco y Joaquín Tomás Hertzriken Catena, en representación del secretario general petrolero, Marcelo Rucci, contiene testimonios de afiliados y documentación referida a 11 intervenciones quirúrgicas presuntamente falsas.
Según el diario LMN, el análisis de la auditoría médica, a cargo del doctor Ramiro Vaca Narvaja, permitió identificar que los pagos indebidos se realizaron a partir de intervenciones quirúrgicas fraguadas, en las que los niños solo recibieron atención en consultorio o en hospitales, pero nunca fueron sometidos a operaciones.
La metodología del fraude, según la investigación, se repetía con precisión. Los afiliados llevaban a sus hijos a controles traumatológicos, donde recibían indicaciones médicas sin derivación a quirófano.
A pesar de ello, los médicos confeccionaban partes quirúrgicos apócrifos que registraban operaciones complejas —como osteoplastias, tenoplastias o neurolisis— que nunca se realizaron.
Estas cirugías -presuntamente inexistentes- se facturaban bajo la modalidad de pronto pago y fuera del Instituto de Seguridad Social (SIA), lo que evitaba los controles internos habituales. En todos los expedientes figuraban únicamente las iniciales de los dos profesionales, sin registros de instrumentadores ni ayudantes, una anomalía para procedimientos de alta complejidad.
El análisis de los expedientes reveló casos insólitos, como el de un niño registrado como operado de una fractura que el mismo día tenía consumos ambulatorios de neumología por un cuadro respiratorio, o cirugías catalogadas como de “urgencia” pese a tratarse de procedimientos programables y sin registro hospitalario. En todos los casos, el alta institucional se otorgaba a minutos de la supuesta finalización de la cirugía.
La auditoría detectó incongruencias significativas en la documentación, como la ausencia de internación pre y postquirúrgica, falta de detalles sobre medicación y profilaxis antibiótica, y horarios quirúrgicos superpuestos entre pacientes para un mismo día.
El caso, que involucra a profesionales identificados como P.B. (traumatólogo infantil) y M.B. (anestesista), sigue bajo investigación judicial.
