La creciente resistencia de los sindicalistas K por el ajuste y la inflación pone en alerta al Gobierno
Por diferentes motivos, el Gobierno puso en pie de guerra a gremialistas oficialistas como Pablo Moyano, Roberto Baradel y Julio Piumato. Cómo hará para desactivar cada conflicto.
El ajuste que está llevando adelante el Gobierno para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) hace subir la tensión dentro del Frente de Todos, y quienes ahora alzan la voz son los sindicalistas K, un sector aliado que se resiste a los recortes.
El primero en poner el grito en el cielo fue Pablo Moyano, quien pidió un 131% de aumento en la paritaria de Camioneros y generó el rechazo de Kelly Olmos, la nueva ministra de Trabajo.
Luego llegó el turno de Roberto Baradel. El secretario general de Suteba se manifestó en contra del recorte de fondos en el Ministerio de Educación de 15,5% previsto en el Presupuesto 2023 y forzó una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa.
No es el único chispazo que generó el Presupuesto entre los sindicalistas K: este martes, Julio Piumato salió a hablar en contra de la incorporación de los trabajadores judiciales al pago del impuesto a las Ganancias, tal como propone un artículo incorporado al proyecto que debate el Congreso.
“Nosotros defendemos que el salario no es ganancia. Tienen que pagar ganancias los que ganan, los que se llevan la riqueza de todos los argentinos y siempre encuentran alguna vía para no pagar esos impuestos. El cáncer de la Argentina es la especulación financiera”, planteó Piumato.
En declaraciones a Futurock, el líder de los Judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT aseguró que “el problema de la Justicia no son los salarios de los jueces”, ya que “un juez con buen salario no se hace millonario”.
“Yo no digo que los demás paguen y que los judiciales no. Tenemos que luchar para que nadie pague impuestos por trabajar. No se iguala para abajo, se iguala para arriba”, justificó.
En este contexto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizaba este martes un paro de 24 horas en contra el proyecto que incluye una movilización al Palacio de Justicia.
En la convocatoria, los Judiciales calificaron la propuesta oficial como un “avance en Diputados del acto confiscatorio del salario”. “Si los legisladores ignoran tanto la Constitución Nacional, como la independencia del Poder Judicial y someten a nuestro país a la dependencia de los especuladores y usureros, nuestra Patria no tiene destino”, señaló el gremio.
El Gobierno, en alerta por la presión de los sindicatos K
Las presiones de los sindicatos generaron distintas reacciones en el Gobierno. Si bien rechazó el aumento del 131% que piden los Camioneros, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, llamaría al Consejo del Salario en los primeros días de noviembre para adelantar la suba del salario mínimo. También aseguró que están analizando otorgar una suma fija a otros trabajadores para paliar la escalada inflacionaria.
Por otra parte, los reclamos de varios sectores respecto de la quita de fondos para Educación en el Presupuesto 2023 obligaron a varios funcionarios a asegurar que “no va a existir ajuste” y que el proyecto “se va a corregir antes de la aprobación”. Los sindicatos incluso lograron tener una reunión (el lunes) con el ministro Sergio Massa, en la que aumentaron la presión.
El conflicto por el pago de Ganancias en el sector judicial también activa otro foco de conflicto: el proyecto suma resistencias y la Corte Suprema evalúa fijar una “postura institucional” en las próximas horas. Tras la reacción judicial, crece también el recelo en Diputados, donde la oposición podría llegar a voltear el artículo que impulsa Cristina Kirchner.