Nuevo paro en las universidades en un conflicto que escala

Las universidades nacionales nuevamente irán al paro en reclamo del financiamiento del sector. En medio de un escenario de tensión con la toma de más de 60 facultades y clases públicas a lo largo del país, los sindicatos que nuclean a trabajadores no docentes y docentes llamaron a la medida de fuerza que se realizará hoy. Los gremios de base de la UNNE adhirieron a la convocatoria.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció ayer la lista de casas de estudios que buscarán sean auditadas por el propio Ejecutivo a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). No obstante, el oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación aún no completó los auditores para la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo de «competencia directa» e «indelegable» establecido por el Artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior.

En la actualidad, las universidades nacionales son auditadas por la AGN. El cuerpo colegiado ya presentó su plan de acción para 2025. Este debe ser aprobado por el Congreso de la Nación e incluye no solo a las casas de altos estudios sino también a organismos del Estado nacional y del Ejecutivo como el Ministerio de Economía de la Nación. En el caso de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), esta integra la lista de auditoría de gestión, cuya fecha de finalización se calcula para el año entrante en el marco del Plan Plurianual de Universidades.

Mientras tanto, galopa la inflación. «Con docentes y no docentes debajo de la línea de pobreza no hay universidad posible», expresaron desde las federaciones sindicales de las universidades nacionales que convocaron a un paro nacional. En la UNNE adhirieron ATUN, que nuclea a no docentes; y CODIUNNE y ADIUNNE, que representa a investigadores y docentes. Los gremios señalan que la pérdida de los salarios frente a la inflación fue del 30% y que, por primera vez en 40 años de democracia se observan estos indicadores y que no hay diálogo en las paritarias.

Se calcula que el 85% de los profesores universitarios son de dedicación simple, por lo que perciben, por cargo, un salario muy alejado de la canasta básica de alimentos. Un gran número no supera los $190.000.

Además, tanto desde los frentes sindicales como desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), conformado por los rectores de las universidades nacionales del país, manifestaron su preocupación por el desfinanciamiento de proyectos y programas en ciencia y tecnología que podrían tener un gran retroceso. Por su parte, organizaciones estudiantiles avanzaron con tomas en más de 60 facultades del país, clases públicas y vigilias.

En Chaco y Corrientes se realizaron clases públicas para visibilizar el conflicto. Además, se llevaron a cabo asambleas y desde el 22 se dará inicio a una semana de lucha convocada por los gremios. En la ciudad, el 23 de octubre se realizará una clase pública frente al Instituto de Rectorado de la UNNE.

Luego de que el presidente, Javier Milei, vetara la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades universitarias de todo el país, los sindicatos y agrupaciones estudiantiles continúan con el reclamo de un mayor financiamiento. Ahora se solicita que se contemplen mayores partidas en el Presupuesto 2025, cuyo análisis comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación.

El CIN había solicitado un presupuesto de $2 billones para el sostenimiento del sistema universitario nacional. Sin embargo, el Gobierno nacional solo remitió la mitad de lo solicitado. Esto implicaría, según advirtieron algunas autoridades, que los salarios se mantendrían prácticamente congelados y generaría incertidumbre sobre los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios para el año entrante.

Si bien las universidades ya tienen auditorías de la AGN y otras que son internas realizadas por cuerpos colegiados como se establece en la Ley Nacional, el Gobierno anunció que destrabó un nuevo instrumento a través de la SIGEN. Esto luego de haber mantenido prácticamente un año de conflicto con las casas de altos estudios por el retaceo de fondos.

La SIGEN ya había auditado universidades, pero hubo un cese de esta actividad tras un dictamen del exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, en 2022. Algunas universidades lo realizaban por convenio.