Condenaron a dos exfuncionarios municipales de Mercedes por desviar maquinaria pública

La Justicia de Corrientes condenó a dos exfuncionarios municipales de la ciudad de Mercedes por el delito de peculado, tras comprobarse el desvío de maquinaria perteneciente al patrimonio comunal.
La jueza de Garantías de Mercedes, Simy Benasayag, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno mediante el cual Eduardo Gómez y Mario Casal reconocieron su responsabilidad en los hechos investigados.
Como resultado del acuerdo, ambos fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Además, admitieron su participación como coautores de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa se inició a partir de una denuncia que alertó sobre la desaparición de una trituradora de piedras y su motor, equipos pertenecientes al área de Obras y Servicios Públicos del municipio de Mercedes.
Durante la investigación, la maquinaria fue localizada en un taller mecánico privado y posteriormente recuperada para ser restituida al patrimonio municipal. Al momento de los hechos, Casal se desempeñaba como secretario de Obras Públicas, mientras que Gómez ocupaba el cargo de director del área.
El acuerdo judicial contó con la conformidad del intendente Víctor Cemborain y permitió cerrar una investigación que se extendió durante más de un año.
Reglas de conducta
Además de la condena, la magistrada impuso una serie de obligaciones que los exfuncionarios deberán cumplir durante los próximos tres años para evitar que la pena se convierta en efectiva.
Entre las medidas establecidas, deberán presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial, mantener domicilio fijo y comunicar cualquier salida de la jurisdicción. También tienen prohibido acercarse a menos de 100 metros del predio municipal donde funcionaba el área involucrada en la causa.
Asimismo, deberán abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol en espacios públicos.
Como parte de las condiciones impuestas, los condenados tendrán que asistir mensualmente a las sesiones públicas del Concejo Deliberante y realizar un curso de ética y formación ciudadana vinculado a la normativa municipal sobre ética en la función pública.



