Polémica por idea de sancionar la presencia de menores en piquetes

La dirigencia política y social chaqueña polemiza por un proyecto de ley que propone sancionar a quienes lleven niños a participar de los piquetes. La iniciativa lleva la firma de casi todos los bloques que tienen representación en la Legislatura provincial y ya aparecieron voces disidentes, con lo que los opositores llaman «una idea que penaliza la protesta social» y los promotores, que fundamentan la medida en la protección de los derechos del niño (ver recuadro).

La iniciativa es de autoría transversal y no es poco que por el peronismo lo hayan firmado Elida Cuesta (presidente del cuerpo), Andrea Charole y Gricelda Ojeda, las tres representantes de la Corriente de Encuentro por Resistencia (CER) que lidera Gustavo Martínez; más Roberto Acosta y Paola Benítez, cercanos a Capitanich, y Jessica Ayala que en el 2021 conformó el bloque Todos Unidos y responde al embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo.

Por el lado del radicalismo, suscribieron la propuesta Débora Cardozo de Convergencia Social; Doris Arkwright de Sumar y Alicia Digiuni de Azula de Somos Parte, en cercanía con Evolución.

No acompañan la decisión otras fracciones ligadas al peronismo, como el Frente Grande y el Frente Integrador, por lo que el proyecto tiene un acompañamiento transversal pero no unánime.

Fue justamente Dario Bacileff Ivanoff del Frente Integrador quien manifestó su oposición a la propuesta y afirmó que los autores aspiran a «institucionalizar el piquete» y consideró que tanto peronismo como radicalismo, «son socios y cómplices de esa política clientelar. Quieren mostrarse sensibles ante este sector de vulnerabilidad. No se puede permitir el delito, ni con ni sin menores».

«Es lo mismo que se quiera prohibir robar, estafar, usurpar, etcétera, con menores», afirmó y agregó que «el piquete está prohibido y penado por ley, esta es una mera puesta en escena que no sirve para nada y va a quedar en la nada. Si no castigan al delincuente, menos lo van a hacer al padre que lo usa».

Carlos Alabe, presidente de la fundación Ciudad Limpia afirmó: «Este proyecto es querer apagar el fuego con nafta. Si sancionan, quiere decir que están reconociendo que ellos permiten eso», opinó respecto a la iniciativa e insistió que no está «para nada de acuerdo, esto es un sistema extorsivo».

«Los chicos tienen que estar en la escuela y los muchachos trabajando. El Gobierno es el que le prometió una ayuda para que arranquen y ahora resulta que viven a empujones, hay que generar trabajo y esa es la responsabilidad del Gobierno», cerró.

Para José Luis Cramazzi, empresario inmobiliario y expresidente de la FECHACO, consideró que se trata de «una medida acertada por parte de los diputados. No es justo que a menores de edad uno los lleve a algún lugar en el que puedan sufrir riesgos».

Añadió que «el menor de edad tiene que estar en un jardín de infantes, en la escuela primaria o en la escuela secundaria. No están para acompañar un piquete que no los favorece para nada ni los educa para nada. Hay que ver una proyección a futuro».

El proyecto tomará estado legislativo esta semana y comenzará su debate en las comisiones. Seguramente tendrá su respuesta en las calles de parte de las organizaciones sociales, que cotidianamente copan las avenidas de la capital chaqueña.

Los derechos del niño como fundamento

Para fundamentar la propuesta de sancionar a las organizaciones que lleven menores a las manifestaciones, los legisladores que firman el proyecto de ley recordaron: «En nuestra provincia, la Ley 2.086 – C de Protección Integral a los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en consonancia con la Ley Nacional 26.061 y la Convención de los Derechos del Niño, garantiza medidas de protección ante la sospecha de violencia o vulneración de alguno de los derechos de estos, pero es menester pensar además en nuevas normativas que sancionen a quienes ponen en riesgo o vulneran los derechos de la niñez, en espacios de manifestaciones públicas, piquetes o cortes de calle».

Indicaron que eso debe suceder «a pesar de la legitimidad del reclamo que pudiera originar la

manifestación, la exposición de los niños en escenarios que derivan muchas veces en episodios violentos, no debería suceder, por lo que creemos que no debería estar permitido».

También citaron como fundamento a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, y destacaron que «el Estado tiene un rol fundamental para la protección de la niñez y la representación de sus derechos».

Asimismo, recomendaron que «en esta línea, se deben redoblar los esfuerzos para cumplir este fin. Sobre todo en situaciones en las cuales se encuentran expuestos a riesgos para su integridad física y emocional».

Consenso

Los legisladores de los bloques que firmaron la propuesta de sancionar el hecho de llevar menores, apuestan al consenso que tiene -en la sociedad- la idea de terminar con los piquetes. Ya no es considerada una herramienta legítima de protesta el hecho de bloquear el tránsito de otros integrantes de la sociedad y los diputados del gustavismo, cokismo y el radicalismo, que son mayoría en el Poder Legislativo, buscan apoyarse en ese sentimiento social.

Fuente: Diario Época