Autovía: crece el riesgo de paralización por falta de avances en las expropiaciones

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Autovía: crece el riesgo de paralización por falta de avances en las expropiaciones

La Nación no inició los trámites administrativos y en caso de hacerlo el plazo es incierto y aumentaría el presupuesto. Leves cambios en el  proyecto resolverían las trabas, pero por el momento hay una negativa rotunda por parte de las autoridades.

 

La autovía que unirá Riachuelo con Santa Ana debería estar terminada en abril de este año pero, a pesar de algunos avances, la obra se encuentra demorada y con un serio riesgo de paralización por cuestiones administrativas. Es que, existen varios temas que Nación debe resolver y ante la falta de definiciones, comienza a agotarse el tiempo y los trabajos que pueden ejecutar se por el momento.

De esta manera, emerge de manera concreta la posibilidad de que los trabajos queden truncos cuando aún no se llegó siquiera al 20% de la intervención, advirtiéndose una casi inminente paralización.

Tal como publicó El Litoral en octubre del año pasado, el principal escollo sigue siendo el proceso de expropiaciones. En un amplio tramo de la autovía, unos ocho kilómetros, el proyecto establece la necesidad de expropiar entre 5 y 7 metros a cada lado de la ruta para instalar desagües. A casi dos años del inicio de las primeras tareas, esta cuestión aún no está resuelta y, en caso de iniciarse el plazo es incierto y aumentaría el presupuesto. Para que las obras avancen tal como establece el proyecto y se puedan construir las calzadas colectoras, es necesaria la liberación de la zona con continuidad.

Por ello, se aguarda una respuesta tras una presentación formal realizada ya en la gestión anterior que plantea la posibilidad de ejecutar las obras sin necesidad de utilizar porciones de terrenos extra que impliquen negociar con los propietarios, con el riesgo además de que la cuestión deba resolverse judicialmente. De esta manera, para acelerar el proceso, existe la opción de que el ancho de la autovía sea en toda su extensión de 70 metros, sin complicar la circulación ni el escurrimiento del agua cuando llueve. Además, implicaría reducir costos al Estado nacional, que debe hacerse cargo de las expropiaciones en un contexto económico complicado e incierto.

Fuente El Litoral

 

 

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