La muerte de Lucio. “Fue un crimen de odio”, sostuvo el abogado de la familia paterna

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La muerte de Lucio. “Fue un crimen de odio”, sostuvo el abogado de la familia paterna

Consideró que la investigación está encaminada con la imputación a la madre del niño y a su pareja, pero adelantó que también exigirá que se establezcan responsabilidades de otras personas y organismos por “omisión o inacción”

 

Por el análisis de los datos revelados hasta el momento, por las causas de la muerte y por las lesiones y signos de abuso que el cuerpo de Lucio Dupuy revelaba, para el abogado de la familia paterna no hay lugar a dudas: “Fue un crimen de odio”. El letrado José Mario Aguerrido consideró que la investigación penal está encaminada y que la madre del chico, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, deberán responder ante la ley por el delito de homicidio agravado por alevosía”, además del calificativo del vínculo. La única pena posible, para este caso, es la prisión perpetua.

En la primera etapa de la causa penal, el equipo de fiscales designado para investigar el hecho está enfocado en determinar la causa primaria del deceso y las responsabilidades directas por ese hecho. En este aspecto es crucial la determinación de la hora de la paliza que sufrió Lucio, ya que al momento de su llegada al hospital la madre estaba en el hotel Mercure, donde trabajaba de moza y adonde Páez la había llevado y la fue a buscar.

 

En una segunda etapa se indagará sobre eventuales responsabilidades por omisión de parte de los organismos estatales que pudieron haber tenido frente suyo eventuales señales de alerta de que Lucio era objeto de maltratos y abusos intrafamiliares. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) ya abrió un expediente al respecto y hoy el gobierno de La Pampa comenzó a remitir información de las áreas de Salud, Desarrollo Social y Seguridad relativas a intervenciones sobre la situación del chico de 5 años asesinado a golpes el viernes pasado en Santa Rosa.

En los primeros días desde la muerte de Lucio en el Hospital Evita, de la capital provincial, se conocieron actuaciones que ponen en cuestión las explicaciones oficiales de que no hubo denuncias previas sobre maltratos contra el niño.

Los whatsapps de una vecina que alertaba sobre el maltrato al chico
Los whatsapps de una vecina que alertaba sobre el maltrato al chico

Se supo que el 25 de agosto pasado la vecina del departamento contiguo a de aquel en el que vivía el chico con las dos mujeres hizo llamar a la policía a través de su hermano. El patrullero llegó hasta la cuadra, pero nunca tomaron contacto con los protagonistas porque “tenían mal la dirección”. La historia clínica de Lucio también reveló varias intervenciones —algunas, con cuestión de días— por traumatismos y fracturas, lo que debió haber servido como alarma. Y el litigio por la tenencia del chico se resolvió con la simple homologación de un acuerdo prejudicial, sin que se hubieran ordenado estudios de la situación psicológica y socioambiental del niño y de la madre, que lo había dejado con los tíos paternos durante un año y medio.

Aguerrido adelantó que pedirá que se cite a declarar a Daiana González, la vecina del departamento 1 de Allen Kardec 2385 que el 25 de agosto pasado escuchó, a través de la pared, los sonidos inequívocos de que a Lucio le estaban pegando dentro del departamento 2. También pedirá que se indague en cuanto a las denuncias de impedimento de contacto que hizo Christian Dupuy, el padre del chico.

“La familia Dupuy me pidió que, además de la responsabilidad penal de ellas, apunte a la responsabilidad de todos los organismos que por omisión o inacción permitieron que esto termine en la muerte de Lucio”, dijo Aguerrido, según publicó El Diario de La Pampa.

Aguerrido sostuvo que Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, los tíos paternos que tuvieron a su cuidado a Lucio entre noviembre de 2018 y mediados de 2020, cuando Espósito Valenti les dejó al chico para irse de viaje de mochileras con Páez, fueron “mal asesorados” por su exabogada, Adriana Mascaró, quien los convenció de acceder a un acuerdo para restituir al menor a su madre.

También cuestionó a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, del juzgado N°1 de Familia y Niñez de General Pico, que fue la que homologó el acuerdo que precedió a la restitución sin siquiera “pedir un abordaje psicológico y mandar a una asistente social” a verificar las condiciones en las que Lucio, cuyo “centro de vida” había sido aquella ciudad, viviría en Santa Rosa.

LA NACION

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