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Eduardo Vela: el ginecólogo del caso de los bebés robados en España no irá a la cárcel pese a ser hallado culpable

Una corte de Madrid halló culpable al ginecólogo Eduardo Vela por robar bebés recién nacidos de sus madres y entregarlos a parejas infértiles.

El tribunal provincial determinó que el médico, de 85 años, había cometido los delitos de secuestro, fraude y falsificación de documentos. Pero no irá a la cárcel porque estos ya prescribieron.

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Vela fue la primera persona en ser enjuiciada por las adopciones ilegales que ocurrieron en España durante el régimen del general Francisco Franco (1939-1975) y años más tarde.

El ginecólogo estuvo involucrado en el caso de Inés Madrigal, quien fue adoptada ilegalmente en 1969.

Sentimientos encontrados
Madrigal fue quien acusó de secuestro a Vela frente a la justicia española en abril de 2012.

Sin embargo, debido a que presentó la demanda 25 años después de alcanzar la adultez el caso prescribió.

Inés Madrigal salió de la corte con sentimientos encontrados, según informa el periodista de la BBC Bruno Boelpaep.

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“Estoy feliz porque se ha demostrado que me robaron, que el doctor Vela me robó”, dijo. Pero también se mostró decepcionada por el hecho de que el médico quedara libre: “Es un poco difícil de entender que haya una limitación en este crimen”.

Madrigal y su abogado dicen que apelarán ante la Corte Suprema para que los delitos del médico no queden impunes.

Los fiscales habían pedido una pena de cárcel de 11 años para Vela.

El escándalo está estrechamente vinculado a la Iglesia católica, que bajo el gobierno de Franco asumió un papel destacado en los servicios sociales de España, incluidos hospitales, escuelas y hogares infantiles.

Las monjas y los sacerdotes compilaron listas de espera de posibles padres adoptivos, mientras los médicos mentían a las madres -muchas de bajos recursos y solteras- sobre el destino de sus hijos, diciéndoles que estos habían muerto tras el parto.

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Una ley de amnistía, dirigida a suavizar la transición a la democracia de españa en los 70, contribuyó al encubrimiento, ya que los tribunales y los políticos se negaron a investigar el tráfico de bebés.

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